Perú, 26 de octubre de 2009 - Ineficiencia en el Sector Salud promueve ilícito reuso de medicamentos. Solo 17 empresas de recojo de 126 llevan residuos al relleno sanitario.
El olor llega como una bofetada. De nada servirá que los moradores de los terrenos cercados cierren sus puertas y tapen con telas negras lo que esconden tras sus paredes. Estamos en el asentamiento humano Valle Sagrado de Lomas de Carabayllo, donde se ubica uno de los más grandes almacenes ilegales de desechos peligrosos que sirve a la industria ilegal del reciclaje.
Frascos de suero, cánulas, sondas, jeringas, medicamentos vencidos, cajas y envases de plástico, provenientes de hospitales y centros de salud de Lima, son separados y limpiados por recicladores en las más riesgosas condiciones sanitarias.
Su actividad no solo pone en riesgo sus vidas, sino también la de toda la ciudad. De ellos se proveen de insumos las mafias que adulteran medicamentos y reempacan los vencidos para comercializarlos nuevamente en boticas. De esa basura biocontaminada que debió acabar en un relleno sanitario, hay fábricas clandestinas que elaboran papel higiénico, colchones y utensilios de plástico sin marca ni certificación sanitaria.
En el circuito formal, el empleo de los residuos sólidos como insumos productivos está restringido a no más de 20 fábricas del país, que han adaptado sus procesos para emplear desechos generalmente combinados con materia prima virgen. En el clandestino, en cambio, todo se usa sin ningún criterio de seguridad.
DESVÍO ILEGAL
La mayoría de hospitales y clínicas no certifica que las empresas de recojo de residuos peligrosos que contratan den un destino adecuado a sus desechos como es su responsabilidad, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial 217-2004, del sector Salud. Durante el 2008, solo 21 hospitales del Ministerio de Salud, 8 clínicas y 17 hospitales de la Solidaridad (de un total de más de 600 establecimientos en Lima) reportaron a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) el destino de sus desechos peligrosos. El jefe de esta entidad, Javier Hernández, reconoce que la fiscalización falla, porque las direcciones de salud no se dan abasto para verificar que los hospitales y empresas prestadoras del servicio cumplan con tratar los residuos biocontaminados.
Esto se puso en evidencia el pasado 15 de octubre, cuando el Ministerio Público, la policía y la Municipalidad de La Victoria encontraron cinco toneladas de residuos médicos en una playa de estacionamiento ubicada en la cuadra 9 de la Av. Manco Cápac. El improvisado almacén era de propiedad de la empresa comercializadora de residuos sólidos Zureith E.I.R.L., la cual brindaba servicios a la clínica Ricardo Palma pese a no tener autorización para el manejo de estos desechos. La policía sospecha que el cargamento de bolsas rojas iba a ser vendido a los recicladores en vez de ser trasladado al relleno sanitario de Relima, como argumentó la propietaria de la empresa, María Bravo Corales.
Aunque no hay cifras oficiales de la cantidad de residuos biocontaminados que producen los establecimientos de salud de Lima y Callao (porque no todos los reportan), se sabe que solo 17 compañías prestadoras de servicios de residuos peligrosos, de las 126 empresas en actividad que hay en la capital, usan el relleno sanitario de Relima, la principal firma que brinda este servicio.
SOLO UNO ESTERILIZA
La ley determina que los establecimientos médicos tienen otra opción para manejar su basura: adquirir incineradores o equipos para esterilizar los residuos. Actualmente, el hospital Sergio Bernales es el único en Lima que utiliza este sistema. “Las que no usan ni el relleno ni incineradores alimentan el botadero en el que se ha convertido Valle Sagrado”, dice Loisi de Souza, presidenta de la Asociación Grupo Impulsor de Lomas de Carabayllo (Agidelca). Hace tres años, el concejo de ese distrito presentó a la Digesa un informe sobre el riesgo de epidemia que corre esta comunidad a causa del reciclaje de desechos hospitalarios.
El Minsa, sin embargo, solo contestó que era recomendable la clausura definitiva de los predios donde se realiza esta actividad, pero no apoyó su ejecución. Las intervenciones de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte y la Policía Ecológica tampoco surtieron efecto.
AL GRANO: JAVIER HERNÁNDEZ. JEFE DE DIGESA
“Sector privado controlará basura”¿Los hospitales están reportando a la Digesa el destino de sus residuos hospitalarios? Si bien los establecimientos de salud y las empresas prestadoras de recojo de residuos sólidos presentan reportes periódicamente, lo que falla es la fiscalización de este esquema de manejo de los residuos.
¿Quién o quiénes son responsables? Las direcciones de salud. Por esta falla, hay casos en los que empresas prestadoras del recojo, en lugar de tratar los residuos en un relleno de seguridad, terminan depositándolos en cualquier lado.
Los comercializan: Si los disponen en cualquier otro lado, están ahorrándose los S/.260 que cuesta dejar una tonelada de desechos peligrosos en un relleno.
¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud? Hemos incluido en la modificación del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos la participación del sector privado en la fiscalización del manejo de los residuos hospitalarios. Así como hay empresas de recojo y de comercialización de residuos sólidos, también estamos abriendo la figura de empresas auditoras o fiscalizadoras del destino de los desechos hospitalarios.
¿Se le está quitando el brazo fiscalizador al Estado? No. El Estado va a seguir fiscalizando, pero adicionalmente va a tener el apoyo del sector privado. La Digesa recibe un promedio de seis mil denuncias anuales por temas de contaminación ambiental en el país y no tiene la suficiente cantidad de personas para investigarlas.
EN PUNTOS
Según el Minsa, el 45% de los desechos de centros de salud es biocontaminante (medicamentos sobrantes, reactivos, elementos punzocortantes, restos de tejidos o fluidos humanos, agujas, catéteres, etc.). El Código Penal fija solo 2 años de prisión para quienes depositan o comercializan desechos biocontaminados sin cumplir normas sanitarias. De acuerdo con los registros de la Digesa, en el 2008 ningún hospital de Essalud cumplió con reportar el destino de sus residuos médicos a las direcciones de salud.
Del sector privado solo reportaron las clínicas San Juan Masías, Benedicto XVI, Centenario Peruano Japonesa, San Gabriel, San Camilo, Los Andes, Santa Isabel y el Instituto Criopreservación. Del Ministerio de Salud, reportaron 21 de los principales hospitales del país. Una clínica de mediana envergadura genera a diario 6,4 kilos de residuos hospitalarios. Un centro materno infantil produce 0,77 kilos y un centro de salud, 0,22 kilos.
PIDEN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
El inapropiado manejo de los desechos hospitalarios puede causar graves daños para la salud por la propagación de virus y gérmenes. Esta es la principal preocupación de los vecinos de Lomas de Carabayllo, quienes denuncian que camiones de empresas prestadoras de transporte de residuos médicos no llegan al relleno de El Zapallal y se quedan en centros de acopio informal de residuos que funcionan en el asentamiento Valle Sagrado.
Loisi de Souza, presidenta de Agidelca (organización que agrupa a 62 asentamientos humanos de Carabayllo), ha solicitado a la Digesa la declaración de emergencia de la zona afectada por el reciclaje informal de desechos peligrosos. En la zona de Valle Sagrado no solo hay centros de acopio informales de residuos médicos, sino también de baterías y una ladrillera informal. La Digesa evaluó el estado ambiental de la zona y decidió no declararla en emergencia.
Fuente: El Comercio Perú.